DENUNCIA Y POLÉMICA POR MAL PAGO DE PLANES EN SAN FERNANDO

29 mayo, 2011

La noticia que ayer salió publicada en varios medios nacionales sacudió a San Fernando. La Justicia Federal, a través de la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó el procesamiento de 43 personas que, siendo empleadas municipales cobraban a la vez y de manera irregular, el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados durante 2003 y 2004. La información detalla que uno de esos casos fué el de Leticia Guzmán ingresó a trabajar en la Municipalidad de San Fernando el 10 de mayo de 2000 en el área de Verificación Impositiva. Según la denuncia, cobró el plan social de 150 pesos durante cuatro meses del año 2002 y nueve meses de 2003. Guzmán fue procesada por el delito de defraudación; sin embargo, la mujer declaró ante la jueza que “jamás se inscribió” para el otorgamiento de un subsidio y que su firma fue falseada para el cobro del Plan Jefes y Jefas.
Víctor Aguerre se desvinculó del Municipio pero denunció lo mismo. Le imputan haber cobrado nueve meses de 2003. La denuncia había sido realizada en 2004 por el jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán. Fue entonces cuando 77 municipios bonaerenses fueron denunciados por el otorgamiento irregular de planes sociales con un perjuicio económico para el Estado de alrededor de 1,6 millón de pesos.
Ante éste panorama, el Municipio acusó recibo y de inmediato el Intendente Osvaldo Amieiro envió un comunicado de prensa a la redacción de www.zonanortedigital.com, que publicamos a continuación.

“Ante información periodística sobre una causa judicial de personas que figuraban en registros nacionales como beneficiarios de planes Jefes y Jefas de Hogar y a la vez se desempeñaron como empleados municipales, la Municipalidad de San Fernando señala:

Frente a una cercana campaña electoral, resulta llamativa la ofensiva política del abogado José Vera, asesor de otro Municipio de la Zona Norte, argumentando falsas imputaciones a la Intendencia que no condicen con decisión alguna de la Justicia.

Ante un programa de televisión regional, replicado por el Diario Perfil, se generan elucubraciones sobre algunos casos del Plan Jefes y Jefas de Hogar, un plan masivo de alcance nacional para paliar la crisis de empleo en 2001 y 2002, que sólo en San Fernando tuvo 7800 beneficiarios, muchos de ellos sin haberse inscripto ni relacionado con la Municipalidad.

El Municipio, ya durante el año 2003, había realizado denuncias ante los Ministerios de Trabajo Provincial y Nacional, como también a los bancos Provincia y Nación para que se subsanen notorias irregularidades que sólo podían solucionarlas los organismos que administran estos programas.

Desde marzo de 2004, cuando le fue requerida información, la Intendencia aportó en tiempo y forma todo lo pedido por el fiscal federal Dr. Guillermo Marijujján, en el marco de una investigación abarcativa de numerosas provincias y 77 municipios bonaerenses por fallas en la implementación de Planes Nacionales.

El municipio actuó siempre según la resolución 112/02 del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación que indica que el Consejo Consultivo Local (CLES) era el responsable absoluto de las altas y bajas de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas, y además que el Ministerio de Trabajo de la Nación ha sido la única autoridad que disponía de toda la información de los Planes Jefes y Jefas para detectar presuntas irregularidades.

Se aportó a la Fiscalía todos los elementos que disponía el Municipio, aclarando que en algunos casos requeridos las personas no pertenecían al plantel municipal; en otros casos no constaba la inscripción de agentes municipales como beneficiarios en los registros del Plan Jefes de Hogar a los que tenía acceso la Intendencia.

21 personas que recibían el Plan Jefes y Jefas, tras ser incorporadas al plantel municipal renunciaron al beneficio ante el Concejo Consultivo Local (CLES), órgano que demoró el envío de las bajas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Y otras 21 personas fueron incorporadas al municipio en mayo de 2003 para realizar tareas de reparto de tasas municipales y el CLES aprobó la renuncia y envió las bajas en agosto del mismo año.

Cabe recordar que el CLES estaba integrado por el Municipio, los partidos políticos (PJ, UCR y ARI), Caritas, Iglesia Bautista, Cruz Roja, CGT, CTA y CCC entre otras organizaciones.

No conforme con estas medidas, el municipio en busca de una mayor transparencia desde el mes de marzo de 2004 dispuso que aquella persona que ingrese al municipio a prestar servicios debe renunciar por escrito a cualquier Plan Social y realizar una Declaración Jurada de que no percibirá ningún subsidio desde la fecha de ingreso al municipio.

También el Municipio de San Fernando compartió con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la decisión de ser uno de los primeros Distritos en implementar el cobro con tarjeta magnética para todos los beneficiarios de Planes Sociales.La Intendencia valora todas las medidas que se tomaron para generar el crecimiento del país y lograr la baja de la tasa de desocupación al 7,9% en San Fernando. Asimismo respeta y acompaña el accionar de la Justicia, y lamenta que algunos profesionales del litigio utilicen en forma tendenciosa cuestiones sensibles de la vieja Argentina.”