DEBERÁN HACER ACCESIBLES 322 ESCUELAS

En la Ciudad de Buenos Aires, las barreras edilicias que impiden la inclusión escolar motivaron en 2006 un amparo colectivo contra el gobierno local. Lo promovió la ONG Acceso Ya, después de conocer, a través de Clarín, la situación que tuvo que atravesar Camila Agüero, que por entonces tenía 7 años. Al finalizar el jardín, la nena, con una malformación genética, debió cambiarse de escuela y comenzar a ir a clase en remís. Las autoridades del colegio al que concurría y que quedaba a seis cuadras de su casa, le habían dicho a sus padres que no podrían afrontar los gastos de adaptación de la infraestructura del establecimiento para que ella pudiera asistir a las clases de computación que se dictaban en el segundo piso. A partir de este caso, que ocurrió en Lanús, a la ONG se le ocurrió relevar la situación en Capital y comprobó que el 75% de las instituciones públicas y el 95% de las privadas no tenían rampas ni cumplían con las condiciones mínimas de accesibilidad para los alumnos con discapacidades motoras.

“Hoy esas cifras variaron muy poco”, le admite a este diario Fernanda Bietti, directora de la entidad que, después de seis años de fallos favorables en la justicia y varias apelaciones, logró sacarle al Estado porteño un compromiso de acción con plazos perentorios. El primero vence el 30 de agosto de este año y para esa fecha, el gobierno de la Ciudad deberá garantizar condiciones mínimas de acceso en los 322 colegios de la ciudad donde hoy ya concurren chicos con discapacidad motriz reducida. “En orden de prioridad, involucran rampas de acceso, baños adaptados con timbres, aulas accesibles y carteles indicadores”, detalló Bietti. En los casos de los edificios en los que no haya ascensor, la escuela deberá contar con un aula adaptada en la planta baja. Antes de la misma fecha del año próximo, todos los colegios que funcionan en Capital también deberán contar con esas facilidades. El último plazo a cumplir se fijó para marzo de 2015, cuando el año lectivo deberá iniciarse con una accesibilidad plena en la totalidad de los colegios porteños, tanto estatales como de gestión privada.

Para el gobierno porteño, el convenio implica la ejecución de las obras necesarias en todos los establecimientos públicos y la fiscalización de que ocurra lo mismo en los privados. “Conformaremos una mesa de trabajo que se reunirá cada tres meses para monitorear la marcha de esos trabajos”, dijo Bietti. Según el Ministerio de Educación porteño, desde 2010 se están realizando obras de accesibilidad en más de 400 edificios escolares. Pero casos como el de Camila aún se ven a diario. “Algunos niños en silla de ruedas ni siquiera estudian, otros lo hacen en sus casas y hay quienes asisten a escuelas especiales cuando cuentan con pleno uso de sus facultades mentales”, reveló Claudio Waisbord, presidente de Acceso Ya.