CROMAÑÓN: AUMENTARON PENAS A CHABÁN Y FONTANET
Le dieron 10 años y 9 meses al ex gerenciador de Cromañón, y 7 al ex líder de Callejeros. Ahora un tribunal debe decidir si van presos. Los familiares de las víctimas están conformes con la decisión.
Cuando escuchó que le aumentaban la pena, se llevó las manos a la cabeza y masajeó sus sienes. De espaldas, soportó sin darse vuelta los gritos de “asesino”, y augurios de regreso a la cárcel que le dedicaban desde atrás del blíndex. Antes, pareció taparse los oídos cada vez que los familiares, a cada nombre voceado de una víctima, respondían con un fuerte “¡Presente!”. Quince minutos después del retiro de los jueces de la sala, era el único que permanecía sentado, en la segunda hilera de sillas frente al estrado. Inmóvil y sin reacción. La asistente de su abogado debió palmearle la cara, para darle aliento. Al rato, ya planteaba nuevas estrategias de defensa y pedía revisar las primeras fojas del expediente. Así vivió Omar Chabán, el único acusado que acudió ayer a los tribunales de Comodoro Py, la confirmación de su condena como “máximo responsable” del incendio de Cromañón, que se llevó 194 vidas.
La Cámara de Casación Penal volvió a corregir al Tribunal Oral Criminal 24, encargado de juzgar la tragedia del 30 de diciembre de 2004. En agosto de 2009, el tribunal había calificado el caso como estrago doloso seguido de muerte, condenó a Chabán a 20 años de prisión y absolvió a Callejeros. El 20 de abril de 2011, Casación cambió la carátula por la de estrago culposo y benefició al empresario, pero responsabilizó también a Patricio Fontanet y al resto de Callejeros –la banda que tocó aquella noche–, por el incendio seguido de muerte. Nueve días después, el tribunal fijó nuevas penas para los 14 implicados, que ayer la Sala III de Casación, revisó y agravó en cuanto a la responsabilidad del ex gerenciador de Cromañon, los músicos y un ex jefe policial. El fallo fue por unanimidad de los jueces Esteban Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky. Pero los condenados aún están libres. Ahora, es el TOC 24 el que debe decidir si los encarcela o espera que el caso llegue hasta la Corte.
A Chabán, para quien el fiscal Raúl Plée había pedido 11 años de cárcel, el tribunal le reprochó “el claro menosprecio por la vida humana demostrado en su actitud posterior al hecho (se retiró sin brindar ayuda alguna)” y “el inconmensurable daño causado hacia las personas que concurrieron a su local”. El aumento de la pena a Fontanet se fundamentó en que debido a su posición de líder “bastaba que él se negara para que el recital no empezara”. Salvo en el caso del cantante y del baterista Eduardo Vázquez –condenado a 18 años de prisión por el crimen de su mujer Wanda Taddei–, las penas fijadas por el TOC 24 para el resto de los ex Callejeros antes eran en suspenso y ahora son de cumplimiento efectivo, al igual que las de los tres ex funcionarios del gobierno de la Ciudad, a quienes Casación les confirmó la sanción por omisión de los deberes de funcionario público (ver infografía).
Al ex subcomisario Carlos Ruben Díaz le subieron la pena de 6 a 8 años porque “su presencia como autoridad, lejos de garantizar la seguridad pública, garantizaba que no se descubrieran las irregularidades, de ahí que una disposición suya, hubiera provocado de inmediato el cierre del local”.
Las únicas condenas celebradas por el poco más de medio centenar de familiares presentes en la sala fueron las de Fontanet y la ex funcionaria Fabiana Fiszbin. “Respiramos un aire diferente y es importante saber que tienen que empezar a pagar por lo que hicieron”, dijo Nilda Gómez, mamá de Mariano Benítez. Y agregó: “Es un mensaje para la sociedad y para los funcionarios corruptos que aún hoy siguen recibiendo coimas para habilitar lugares inhabilitables, y para empresarios ambiciosos como Chabán y como los que todavía hacen que Fontanet siga tocando para más gente de la permitida”. Nino, su marido, resaltaba que el tiempo que llevan de lucha es mayor que algunas de las condenas.
Las querellas esperan que el TOC 24 ordene la detención de los implicados. “Existe jurisprudencia reciente en ese tribunal, que determina que las penas deberían empezarse a cumplir ya” dijo el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas. Los defensores, en cambio, opinan que debe ser la Corte la que determine.
