Gustavo Posse pidió que el municipio intervenga en el conflicto de la Línea 707
En medio del colapso del servicio de la línea 707, que dejó a miles de vecinos sin transporte en San Isidro, el exintendente Gustavo Posse volvió al centro de la escena con una propuesta concreta que combina iniciativa política y acción legislativa.
Tras varios días de paralización total del servicio, Posse impulsó una salida para garantizar la conectividad en el corto plazo, y a reordenar de manera estructural el sistema de transporte municipal. Su reaparición se da en un contexto de malestar de los usuarios por la interrupción de un servicio esencial.
«Los chicos, los papás, no llegan al colegio, los docentes tampoco. Más de 80 mil trabajadores no llegan a sus lugares de trabajo, por un hecho muy serio, que es el hecho de no tener colectivo», expresó Posse en un video subido a sus redes sociales. «Lo que se hizo otras veces cuando se caía una línea de colectivos, es que otras empresas tomaban el trayecto. Un trayecto de una línea de colectivos es un bien social», explicó Posse.
«Nosotros decimos que las empresas 130, 140, 314, 343, 338, 371, a todos ellos distribuirles el recorrido. Nosotros estamos para apoyar. Nuestros concejales presentaron el proyecto, falta que las autoridades municipales lo puedan implementar», explicó el ex jefe comunal.
En paralelo a su posicionamiento público, concejales de su espacio presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de San Isidro que busca dar una respuesta institucional a la crisis. Entre los autores de la iniciativa se encuentra el concejal Walter Pérez, quien acompañó la propuesta que refleja el enfoque del possismo frente al conflicto.
El proyecto plantea una medida de fondo: declarar la caducidad de la concesión de la línea 707, actualmente en manos de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) S.A., por “incumplimiento grave e ininterrumpido”, abandono del servicio y falta de prestación durante más de una semana.
A partir de esa decisión, la iniciativa establece que los recorridos vuelvan a la órbita municipal y se convoque a una nueva licitación pública para garantizar la continuidad del servicio bajo nuevas condiciones. Entre los puntos centrales, se exige un plan de renovación de flota, cumplimiento estricto de frecuencias, monitoreo por GPS y accesibilidad total en las unidades.
Uno de los aspectos destacados del proyecto es la protección de los trabajadores: se establece que la futura empresa adjudicataria deberá priorizar la contratación del personal que se desempeñaba en la línea 707, respetando su antigüedad y condiciones laborales.
Además, se faculta al Ejecutivo municipal a implementar una solución transitoria, habilitando de manera precaria a otras empresas para cubrir los recorridos mientras se desarrolla el proceso licitatorio, con un plazo máximo de 180 días.
En los fundamentos, los concejales remarcan que el transporte público es un servicio esencial que garantiza derechos básicos como el acceso al trabajo, la educación y la salud, y advierten que su interrupción genera un fuerte impacto social, especialmente en los sectores más vulnerables.
La irrupción de Posse en este escenario marca su regreso al debate público local, en un momento donde la crisis del transporte expone la necesidad de definiciones en San Isidro.
